“EL TRIBUNAL ELECTORAL CONFIRMÓ EL ACUERDO CG-A-10/20, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL IEE, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES”
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En sesión ordinaria, la Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, emitieron la resolución con número TEEA-JDC-12/2020 y acumulado.
En principio, los promoventes, en su carácter de presidentes y representantes de las Asociaciones Políticas Estatales “Voces Hidrocálidas” y “Vida Digna Ciudadana”, presentaron diversos juicios ciudadanos en contra del Instituto Estatal Electoral, ya que esta autoridad al emitir el acuerdo impugnado, suprimió el Financiamiento Público Estatal del que eran objeto año con año las asociaciones.
La actuación anterior, fue vinculante para la autoridad administrativa electoral derivada de una reforma efectuada por el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, a través del decreto 360 en el que el Poder Legislativo local únicamente contemplo en el Código Electoral el financiamiento privado para las asociaciones políticas, dejando de lado las prerrogativas públicas.
Los accionantes se pronunciaron con similares agravios puesto que a su ver, la disposición normativa creada resultaba inconstitucional, ya que transgredía de manera directa el derecho humano y político-electoral de libre asociación consagrado en la Carta Magna.
Ahora bien, tras un análisis exhaustivo, el Tribunal Electoral determinó que no existió una violación de un derecho humano consagrado en la Constitución, pues esta únicamente contempla el derecho de libre asociación y no el derecho de recibir prerrogativas para sus funciones, pues este resulta una simple expectativa que no se traduce en un derecho plenamente adquirido.
En tales condiciones, las asociaciones pueden o no tener derecho a recibir financiamiento público, pues no existe obligación a cargo de las legislaturas de asignarlo, por lo que tales órganos legislativos cuentan con la libertad auto configurativa de establecer si existe o no, de acuerdo a las condiciones económicas estatales. Por lo anterior se confirma el acuerdo impugnado en el que se deja sin financiamiento público a las asociaciones políticas.