SE DESECHAN JUICIOS TEEA-JDC-008/2021 Y TEEA-JDC-009/2021.

“EL TRIBUNAL ELECTORAL DESECHÓ POR EXTEMPORÁNEOS LOS JUICIOS CIUDADANOS 8 Y 9 DEL PRESENTE AÑO, PROMOVIDOS EN CONTRA DEL ACUERDO CG-A-36/2020 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE APROBÓ LAS REGLAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021.”

• Así, en todo caso, tomando como referencia la última fecha en la cual el actor tuvo posibilidad de conocer el acuerdo impugnado fue la de su publicación en el Periódico Oficial, por tanto, el plazo para impugnar transcurrió del 24 al 27 de noviembre de dos mil veinte. Ante ello, si la demanda fue presentada el 23 de enero de dos mil veintiuno, es evidente que el plazo cuestionado es extemporáneo.

 Quiénes impugnan. Los ciudadanos Jorge López Martín y Hipólito Gámez Llamas.

Autoridad Responsable. Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

Acto impugnado. El Acuerdo CG-A-36/2020 del Consejo General, por el que aprobó las reglas para garantizar la paridad de género en el proceso electoral 2020-2021.

Agravios: Refieren esencialmente que el indicado acuerdo prevé medidas afirmativas diversas a las previstas en el Código Electoral, particularmente la que obliga a los partidos políticos a postular fórmulas del género femenino, en los lugares primero, quinto, y octavo, cuando en el proceso electoral pasado, se hubieran postulado fórmulas del género masculino en tales posiciones.

Además, refieren que tuvieron conocimiento de tal acto en fecha 19 de enero del presente año, a través de los oficios IEE/P/0145/2021 e IEE/P/0146/2021 emitidos por la autoridad responsable como respuesta a las consultas que presentaron.

 Resolución del Tribunal: El Pleno del Tribunal Electoral, al resolver los Juicios Ciudadanos 8 y 9, advirtió que los escritos de demanda se presentaron de forma extemporánea, ello, porque conforme al artículo 301 del Código Electoral, los medios de impugnación deben presentarse dentro del plazo de los cuatro días, contados a partir del día siguiente en el que se notificó el acto reclamado.

En el caso concreto, el acuerdo reclamado fue emitido en fecha 06 de noviembre de dos mil veinte y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de noviembre del mismo año. Por lo que, tomando como referencia la última fecha en la cual los actores tuvieron la posibilidad de conocer el acuerdo impugnado, fue la de su publicación en el Periódico Oficial, siendo que el plazo para impugnar transcurrió del 24 al 27 de noviembre de dos mil veinte. Ante ello, si las demandas fueron presentadas el 23 de enero de dos mil veintiuno, es evidente que el plazo cuestionado es extemporáneo, y, por tanto, lo procedente es desecharla de plano.

TEEA-RAP-003/2021 Y ACUMULADOS

“EL TRIBUNAL ELECTORAL CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN CG-R-01/2021 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL QUE DECLARÓ PROCEDENTE EL REGISTRO DE LA COALICIÓN ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN AGUASCALIENTES’”

• “El Consejo General si corroboró debidamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma, para declarar procedente el registro de la coalición controvertida y, al ser infundados los agravios contenidos en las demandas, este Tribunal determina confirmar la resolución impugnada.”

Quién impugna. Los CC. Siegfried Aarón González Castro, representante común de la Coalición “Por Aguascalientes”, Enrique Fernando Esparza Salazar, representante del PAN y Emanuelle Sánchez Nájera, representante del PRD.

Autoridad Responsable. Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

Acto impugnado. La Resolución CG-R-01/2021 del Consejo General del IEE, mediante la cual atiende la solicitud de registro del convenio de la coalición denominada “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes” celebrado por los partidos políticos, MORENA, Partido del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Aguascalientes, para el proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021.

Agravios. Los actores alegaban la falta de aprobación de la coalición, por parte el órgano de dirección partidista competente de MORENA, además de la omisión de la presentación de la plataforma legislativa y política, y su aprobación por el órgano intrapartidario competente. Se quejaban de que la plataforma electoral inobservaba el artículo 142 del Código Electoral, por no tener un plan de gobierno claro, así como que en el convenio de coalición no se precisaba el método para la selección de las candidaturas.

 Resolución del Tribunal. Este Tribunal consideró infundados los agravios hechos valer por los actores, puesto que, contrario a su dicho, el partido MORENA sí cumplió con el requisito de la aprobación por parte del órgano competente y aportó la plataforma electoral junto con la solicitud de registro del convenio de coalición. Además, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que sí se aprobaron las plataformas electorales por parte del PT y NAA.

Concluyó que, al no ser una exigencia de la Ley General de Partidos Políticos, no es obligatorio especificar y entregar en todos los casos el programa de gobierno al registrar una coalición y consideró que el Instituto no está facultado para evaluar y calificar el contenido integral de las plataformas políticas o legislativas, sino únicamente a verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Por último, respecto al método de selección de candidaturas, las partes expresaron su voluntad de que la selección de éstas se sujetara a la normativa interna de cada partido, por lo que en el convenio sí se precisó el método.

TEEA-JDC-004/2021 y acumulados.

EL TRIBUNAL ELECTORAL CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN CG-R-02/21 EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL REGISTRÓ DE LA COALICIÓN “POR AGUASCALIENTES”.

Promoventes. CC. María del Rosario Carreón de la Cruz, Rosa Almendra Nieto Figueroa y Anita Oropeza Sigala.

Autoridad Responsable. Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes,

Acto impugnado. Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave CG-R-02/21 mediante la cual atiende la solicitud de registro del convenio de la coalición denominada “Por Aguascalientes” celebrado por los partidos políticos, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, para el Proceso Electoral concurrente ordinario 2020-2021.

Agravios. Las ciudadanas en carácter de militantes del Partido Acción Nacional, consideraron que se violentaban sus derechos político-electorales, por lo siguiente:

a) Manifiestan que el Consejo General pasó por alto que el PAN, realizó una indebida discriminativa y limitativa propuesta y/o asignación de género para las candidaturas a diputados locales, pues no observa los estándares para el cumplimiento constitucional de la paridad de género.

b) Señalan que los distritos menos rentables son reservados para mujeres, lo que reduce sus posibilidades y se traduce en un impedimento y limitación para que puedan acceder a los cargos de elección popular.

c) Indican que se vulneran sus derechos como ciudadanas y como mujeres, ya que la asignación de género en las candidaturas establecidas por la Coalición “POR AGUASCALIENTES”, limita su acceso al ejercicio del poder público a través de los partidos políticos, puesto que el Consejo General y el PAN debieron verificar el sesgo en lo individual en la totalidad de la designación de género y no solo en lo acumulado.

d) Sugieren que el Consejo General debió implementar la regla de la alternancia de géneros en las listas de candidaturas o paridad vertical, intercalando en su integración hombre y mujer, y viceversa, pues esto era congruente con el deber que tienen los partidos políticos de promover y garantizar la igualdad de oportunidades, haciendo posible la paridad sustantiva.

e) Advierten que la autoridad responsable, debió realizar un análisis de la paridad en el convenio de coalición que se estudia, a partir de bloques de porcentajes de competitividad, en los cuales se identificaran los distritos más rentables, con lo que se pudo advertir que no se cumplió con la paridad de género.

f) Las promoventes Anita Oropeza Sigala y Rosa Almendra Nieto Figueroa, señalaron que es un hecho notorio que, en los últimos procesos electorales, el PAN ha postulado a hombres en los distritos que se establecen con mayor rentabilidad política, como es el caso del distrito local 6 y 8.

g) En cuanto hace a María del Rosario Carreón de la Cruz, señala que dos de los tres distritos -del sesgo- son para mujeres, por lo que IEE debió implementar una acción afirmativa en la que se les beneficiara mayormente, como pudo ser que fuera integrado el sesgo acumulado con dos hombres y una mujer.

Resolución del Tribunal. El Tribunal determinó confirmar la resolución dictada por el Instituto, ya que de un análisis integral del asunto, los partidos políticos Acción Nacional y Revolución Democrática, cumplieron con la paridad de género y con los estándares legales para la propuesta de asignación de diputaciones locales.

Igualmente consideró que el Instituto hizo correcta la verificación y cumplió con lo establecido con base en la legislación aplicable al caso en concreto.

SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE LAS INFRACCIONES POR USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN PERSONALIZADA EN CONTRA DEL DELGADO DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR EN AGUASCALIENTES.

 EL DENUNCIANTE SEÑALA LA POSIBLE TRANSGRESIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL POR LA DIFUSIÓN DE PROMOCIONALES EN ESTRUCTURAS DE LAS DENOMINADAS ESPECTACULARES.

-Al no tenerse por acreditados los elementos para configurar la promoción personalizada el TEEA declaró la inexistencia de las faltas.

Quién denuncia. C. Fernando Alférez Barbosa.

Denunciado. C. Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, Delegado Estatal de Programas de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes.

Agravios. Transgresión al artículo 134 constitucional por la difusión de promocionales en estructuras de las denominadas espectaculares.

Resolución del Tribunal. El TEEA determinó que no existe vulneración a la norma suprema, con independencia de la existencia de los anuncios denunciados, pues el contenido de los mismos hace alusión a un medio digital de información y la colaboración que el denunciado realiza con dicho medio.

En cuanto al uso indebido de recursos, de las constancias que obran en autos, se advierte que la contratación de las estructuras y la elaboración de las lonas obedeció a una contratación civil, al amparo de la libertad de expresión y de libertad comercial de la empresa.

Por lo tanto, se determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas.

SE CONFIRMA EL ACUERDO CG-A-04/21 DEL IEE, POR EL CUAL SE OTORGA FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA SU GASTO ORDINARIO Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

 EL PROMOVENTE, SE DUELE DEL ACUERDO CG-A-04/21, AL SEÑALAR QUE EL CONSEJO GENERAL ADOPTÓ UN CRITERIO INCONSTITUCIONAL PARA PRIVARLO DE FINANCIAMIENTO LOCAL PARA SU GASTO ORDINARIO, Y POR LO TANTO SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO.

• Del estudio de las pretensiones del promovente, el TEEA advirtió que devienen infundadas e ineficaces.

Promovente. C. Ángel Martín Ortega Garibay, representante propietario del Partido del Trabajo.

Autoridad Responsable. Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

Acto impugnado. Resolución CG-A-04/2021 del IEE.

Agravios. El PT solicita la inaplicación de los artículos 52 de la LGPP y el artículo 31 del Código Electoral al privarle el acceso al financiamiento local, pues considera que son contrarios a lo señalado en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Resolución del Tribunal. Teniendo como base la competencia jurisdiccional de este Tribunal, resulta imposible formal y materialmente realizar un estudio para inaplicar el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, que, si bien es parte del sistema electoral, no es plena jurisdicción de este Órgano de Justicia. En cuanto al artículo 31 del Código Electoral, lo que el PT solicita es que se inaplique la norma y se le considere para la distribución del financiamiento público local, pues a su juicio, la constitución Federal mandata un marco de equidad e igualdad.

Al respecto, en la resolución se retoman fallos de la Sala Superior y Acciones de Inconstitucionalidad en las que determinaron que los Partidos Políticos NACIONALES, con acreditación local, como es el caso del PT, que no alcancen el umbral del tres por ciento de la votación válida en la última elección, no podrán acceder al financiamiento público local para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Además, el actor plantea argumentos que versan en cuanto a la distribución del financiamiento local, lo cual, resulta ineficaz, puesto que para acceder al supuesto de distribución de financiamiento, primero se tiene que tener derecho de acceder a este, cuestión que solo se logra alcanzando el 3% de la votación valida emitida en la última elección, en el caso, fue la elección de ayuntamiento -supuesto que el PT no cumple al haber obtenido un porcentaje menor al referido-.

SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS

EL TRIBUNAL ELECTORAL DETERMINÓ LA INEXISTENCIA DE LAS INFRACCIONES ATRIBUIDAS AL DELEGADO FEDERAL DE PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN AGUASCALIENTES Y A UN DIPUTADO LOCAL, POR SU PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, ACTOS PROHIBIDOS POR ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.

• De los medios de prueba aportados por la denunciante, ni de forma individual ni de forma conjunta, se acredita la existencia de los hechos denunciados ni la infracción al artículo 134 Constitucional, párrafos séptimo y octavo, por tanto, no es posible atribuir responsabilidad alguna a los denunciados

Quién denuncia. C. Brenda Ileana Velázquez Tristán.

Denunciados. C. Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, Delegado Federal de Programas de Desarrollo de la Secretaria de Bienestar en Aguascalientes y C. Heder Pedro Guzmán Espejel, diputado local por MORENA.

Hechos denunciados. La supuesta promoción personalizada bajo el amparo de su función pública y la utilización de recursos públicos para ello, actos prohibidos por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal.

Agravios. Que los denunciados, en sus perfiles de las redes sociales Facebook y Twitter, publicaron diversos eventos en los que se entregaron apoyos derivados de programas sociales y donde se hace especial énfasis en su persona, lo cual ha generado un posicionamiento indebido ante la ciudadanía y que además de usar los programas sociales para promocionar su imagen, se hizo acompañar de servidores públicos a su cargo y de diputados locales del partido político MORENA.

Resolución del Tribunal. El Pleno del Tribunal Electoral local, al resolver en procedimiento especial sancionador TEEA-PES-001/2021  declaró inexistentes las infracciones que se les atribuyeron a los servidores públicos, ya que en la mayoría de las ligas electrónicas donde la denunciante señaló que se encontraban alojadas las publicaciones relativas a los eventos infractores, no tenía contenido alguno, por lo que la evidencia fotográfica presentada con la queja, por sí sola, es insuficiente para acreditar de manera fehaciente los hechos denunciados.

Y por lo que hace a los links donde sí se encontró contenido, del análisis a los hechos, éstos no constituyen promoción personalizada ni uso indebido de recursos públicos, por lo que no se le puede atribuir ninguna responsabilidad a los denunciados.

SE REVOCA EL ACUERDO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERÍAS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

EL TRIBUNAL ELECTORAL REVOCÓ EL ACUERDO CG-A-54/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE DESIGNÓ LAS CONSEJERÍAS DISTRITALES Y MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, A EFECTO DE QUE CUMPLA CON LA CUOTA DEL 10% EN FAVOR DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

• La interpretación llevada a cabo por el Consejo General respecto de la aplicación de la cuota fue incorrecta, ya que en estricto apego a las reglas establecidas por este Tribunal en el expediente TEEA-JDC-018/2020, debió designar 18 cargos propietarios a los integrantes de estos grupos en situación de vulnerabilidad, y no solo 13, como se estableció en el Acuerdo impugnado.

Quién impugna. El C. Elías Samaniego Cerecero y la C. Ximena Guerrero Cordero.

Autoridad Responsable. Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

Acto impugnado. El Acuerdo CG-A-54/2020 del Consejo General, por el que aprobó la designación de las consejerías distritales y municipales para el proceso electoral 2020-2021.

Agravios: El actor alegaba que le causaba perjuicio el cambio de la dupla de consejeros que originalmente fueron asignados para llevar a cabo su entrevista, lo que violentó los principios de certeza y legalidad.

La actora controvirtió que el IEEA realizó una incorrecta interpretación y aplicación de la cuota del 10% en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, ya que, para asignar los cargos, no tomó como referencia la totalidad de los cargos propietarios y suplentes de consejerías distritales y municipales por nombrar, lo que ocasionó que se le designara suplente.

 Resolución del Tribunal: El Pleno del Tribunal Electoral local, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEA-JDC-001/2021 y acumulado, estableció que el cambio en la dupla de Consejeros que entrevistaron al quejoso no alteró sustancialmente ninguna etapa del proceso de selección, por lo que no se vulneró ningún derecho ni los principios de certeza y legalidad.

 Y por lo que hace a la medida afirmativa establecida por el propio Tribunal al resolver el expediente TEEA-JDC-018/2020, en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, en específico personas mayores de sesenta años, con alguna discapacidad, de la comunidad LGBTI+, auto adscritos como no binarios e indígenas, resolvió que el Consejo General del IEE realizó una interpretación limitada y sesgada de la cuota del 10% en favor de tales grupos, porque erróneamente tomó como base la totalidad de las personas inscritas, siendo que debía partir de la totalidad de los cargos a designar, lo que se traduce en 18 personas para los cargos de consejeros distritales y municipales propietarios y no 13, como lo estableció en el acuerdo impugnado.

Por lo tanto, ordenó al Consejo General designar a 5 personas más pertenecientes a tales grupos, para lograr el total de 18 personas con el carácter de propietarios, en los consejos distritales y municipales, en los cargos tanto de consejerías como secretarías técnicas.